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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido que los bienes de las entidades sin ánimo de lucro, de las previstas en Ley 49/2002, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, se encuentran exentos del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles siempre y cuando no se destinen a actividades económicas que tributen por Impuesto de Sociedades.
MODIFICACIÓN 2014 DE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LA PENSIÓN COMPENSATORIA COMO REQUISITO PREVIO PARA LA PENSIÓN DE VIUDEDAD.
La Administración recurrente denuncia la infracción de la jurisprudencia sobre la doctrina de los actos propios.
En los últimos días se me ha vuelto a plantear el supuesto de la posible compatibilidad de las pensiones de incapacidad permanente para la profesión habitual cuando: a) el trabajador o beneficiario ha cambiado -precisamente- de profesión y, b) además, presenta dolencias nuevas y distintas a las anteriores.
Por lo tanto, el supuesto que tratamos parte de los siguientes requisitos:
ANTECEDENTES DE HECHO:
Primer.- La resolució impugnada té aquesta part dispositiva: "Estimar la demanda presentada por el procurador Jordi Joan
La sentencia declara nulos unos contratos de novación del tipo de interés de un préstamo por error en el consentimiento porque considera que cuando la prestataria aceptó modificar el tipo de interés variable que tenía pactado por un tipo fijo, no se le proporcionó información sobre la posible evolución de los tipos de interés.
Lo que sucede cuando uno hace caso omiso a tres requerimientos, que resultaron infructuosos y
En els països del centre i nord d’Europa hi ha un cert costum més o menys arrelat de recórrer a arbitratge quan sorgeixen controvèrsies entre empreses. En aquest sentit, a països com Alemanya, Anglaterra o Suïssa, les empreses acostumen a dirimir els seus litigis sotmetent-los a la decisió d’un àrbitre.
En canvi, a Catalunya i Espanya no és corrent que les empreses busquin el criteri de l’àrbitre, optant gairebé sempre per la via jurisdiccional.
Avui dia, és freqüent que les empreses petites i mitjanes del nostre entorn tinguin tractes directament amb companyies estrangeres. I sorgeixen problemes derivats tant de la fase de fabricació com de la fase de transport.
La conclusió és que qüestions sovint desconegudes per molts professionals i empresaris han esdevingut normals i corrents. Cal tenir en compte, doncs, que en el món hi regeixen diferents maneres de fer. Així, l’exportació o importació de Sud Amèrica té les seves pròpies regles, els seus propis organismes i, fins i tot, diríem que els seus propis temps. I si estem parlant de tractes amb l’Orient Pròxim o l’Orient Mitjà, hem de saber que degut a la influència i al prestigi de la cultura anglosaxona en aquelles terres, gairebé sempre ens trobarem amb funcionaments propis de la cultura arbitral del nord d’Europa. En canvi, en determinades zones de Xina sí que valdrà la pena adoptar “un mal acord” davant la opacitat i la dificultat de perseguir els béns del empresaris poc complidors o morosos.
En ocasiones, las empresas que sancionan disciplinariamente a sus trabajadores demoran en el tiempo el cumplimiento de la pena impuesta. Es decir, la sanción no tiene efectos inmediatos y se fija para su cumplimiento una fecha posterior en el tiempo. Esto ocurre particulamente en sectores en los que se dan puntas de trabajo que no permiten prescindir del trabajador hasta que dicha acumulación de tareas cese, o también en empresas de trabajo estacional como el sector de la hostelería, en que el cumplimiento de la pensa de suspensión de empleo y sueldo se deja para una vez concluida la temporada de verano o de invierno, en su caso.
En ocasiones, las empresas que sancionan disciplinariamente a sus trabajadores demoran en el tiempo el cumplimiento de la pena impuesta. Es decir, la sanción no tiene efectos inmediatos y se fija para su cumplimiento una fecha posterior en el tiempo. Esto ocurre particulamente en sectores en los que se dan puntas de trabajo que no permiten prescindir del trabajador hasta que dicha acumulación de tareas cese, o también en empresas de trabajo estacional como el sector de la hostelería, en que el cumplimiento de la pensa de suspensión de empleo y sueldo se deja para una vez concluida la temporada de verano o de invierno, en su caso.
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En las sociedades patrimoniales, cuya operatividad en el mercado es la mayoría de veces más bien poca, siempre ha resultado controvertido determinar si los inmuebles forman parte del inmovilizado o de las existencias. Incluso si una vez enajenado el inmueble, a pesar de las iniciales previsiones de permanencia, puede cambiar su ubicación en el cuadro contable desde el activo fijo al circulante. La reciente sentencia del Tribunal Supremo cuyos fundamentos recogemos a continuación da cumplida respuesta, al menos por ahora, a la cuestión.
Cuando un trabajador acude a una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social no siempre es atendido por el servicio médico. Una de las causas puede ser la de que la empresa empleadora no haya expedido el parte de accidente de trabajo, aunque no es la única. En tales casos, si la mutua deniega la asistencia sanitaria y ello causa perjuicio a la salud del trabajador, aquélla deberá ser demandada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, no ante la jurisdicción social.
Sin embargo, cuando se trata de reclamar el reintegro de gastos médicos ante la denegación injustificada de pago de los mismos por una mutua de accidentes de trabajo, la competencia para conocer de la acción corresponde a la jurisdicción social.
En la resolución que a renglón seguido recogemos, observamos que se describen los requisitos necesarios para que una petición de reintegro de gastos médicos prospere: el principio general en nuestro derecho es el de no reintegro de los gastos médicos y las excepciones, como tales, deben ser interpretadas restrictivamente.
Cabe destacar, finalmente, que el plazo de prescripción para ejercitar dicha pretensión es de 5 años, que comenzará a contar a partir del momento en que se efectúe el pago cuyo reintegro se reclama.
Un supuesto muy frecuente en el campo de las contratas administrativas -pues en determinados territorios los contratistas son por todos conocidos y siempre los mismos- es que el trabajador vea cómo el empleador entrante es una empresa para la cual dicho trabajador ya prestaba servicios a tiempo parcial con anterioridad.
Así, el contrato objeto de la subrogación y el otro contrato, que hasta ahora el trabajador mantenía con dos empresas distintas, vienen a consolidarse en una relación laboral con un solo empleador. Pero precisamente en la propia Sala de lo Social de Tribunal Supremo hay discrepancias sobre si debe estarse al criterio que podríamos llamar "de la relación laboral única", criterio apoyado por la mayoría, o bien si deben seguir discriminándose dos contratos de trabajo sin tener en cuenta que el empleador sea el mismo o no, opción que es objeto de un voto particular.