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Un derecho que ha conseguido el personal sanitario al que hace pocos días se le informaba de este cambio de consideración ahora como enfermedad laboral variando, entre otras cosas, la cobertura legal de 5 años a ‘de por vida’.
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Tras el reconocimiento por parte del Consejo de Ministro del covid-19 como enfermedad profesional para los trabajadores sanitarios y sociosanitarios que contraigan el virus en el ejercicio de su profesión, ahora son las trabajadoras de los servicios de limpieza de los centros sociosanitarios las que levantan la voz para reclamar sus derechos laborales.
El empleado del parque llevaba más de 19 años realizando labores relacionadas con el cuidado de los elefantes.
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Un trabajador de 44 años, del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, fallece tras golpearse contra los barrotes del recinto, al ser alcanzado por la trompa de un elefante.
El accidente se produjo a primera hora de la mañana en las cuadras de los elefantes, donde el empleado efectuaba las tareas diarias de limpieza del recinto y la suelta de los ejemplares al exterior.
Tras tener síntomas y confirmarle su positivo en Coronavirus, la trabajadora avisó a su empresa desde donde le indicaron que debía teletrabajar a pesar de estar con la baja.
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Los protocolos de actuación de la pandemia del coronavirus están sacando a la luz algunas prácticas ilegales llevadas a cabo por ciertos empresarios que pretenden contar con sus empleados activos a pesar de estar de baja por coronavirus. Este es el caso de una empleada que ha sido despedida tras negarse a trabajar estando de baja médica por positivo en covid-19.
La propia afectada dio a conocer su caso a través de las redes sociales donde se han sumado cientos de trabajadores que aseguran estar viviendo situaciones laborales semejantes.
El acusado fue sorprendido cuando procedía a colocar dicha cámara en el dispensador de papel de un baño mixto.
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El fiscal pide un año de prisión y el pago de una multa de 2.100 euros por un delito de descubrimiento de secretos en grado de tentativa, a un trabajador que colocó una cámara de video en el interior de los baños de uno de los comercios del Centro Comercial La Fira de la localidad de Reus, Tarragona.
El empleado, sin antecedentes penales, colocó una minicámara en el dispensador de papel de un cuarto de baño mixto dedicado a los trabajadores de una tienda de ropa de dicho centro. Sin embargo, el acusado no consiguió su objetivo ya que fue descubierto durante la instalación de ésta.
La negativa del jefe de llamar a emergencias supuso que el trabajador estuviera 45 minutos sin recibir la asistencia médica necesaria.
La familia de la víctima estudia presentar una querella contra el empresario.
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Un trabajador de la construcción sin contrato muere, en Valencia, tras precipitarse de una altura de seis metros en la obra en la que trabajaba.
Tras el fatal incidente, los compañeros avisaron al jefe de la empresa para contarle lo sucedido y éste, según las declaraciones de los testigos, pidió que en vez de avisar de inmediato al servicio de emergencias lo metieran en el edificio de trabajo hasta su llegada.
Se mantiene el compromiso de no despedir a los empleados en los 6 meses posteriores a que se hayan acogido a un ERTE.
Conoce las últimas medidas del Gobierno para autónomos y empresas.
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Tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales, el Ejecutivo ha prorrogado los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) y la prestación por cese de actividad para los autónomos hasta el 31 de mayo.
Con esta última medida, el Gobierno pretende no sólo ampliar los plazos de cobertura de estas ayudas sino que aplica algunas modificaciones que suponen ampliar el grupo de beneficiarios.
Dentro de estos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo se reconocen exoneraciones a empresas que pertenezcan a sectores con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación de la actividad, aunque ahora se podrán beneficiar nuevos sectores con la incorporación por parte del gobierno de nuevos CNAE.
Los padres de miles de niños de la Línea de la Concepción (Cádiz) se rebelan contra la imposición de la presencialidad de las clases y solicitan la puesta en marcha de la educación on line
Las familias consideran incomprensible que se obligue a los niños a acudir a los centros escolares cuando la localidad cuenta con severas restricciones debido a la altísima incidencia de contagio (más de 2.140 casos por cada 100.000 habitantes)
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Con los d
atos de incidencia de contagio de Covid rebasando cualquier previsión, con los hospitales al borde del colapso total, cuando se suceden los mensajes de alerta debido a la temida situación sanitaria en toda España, los progenitores de la Línea de la Concepción (Cádiz) son los primeros que han decidido plantarse a la imposición de la presencialidad de la educación de los niños.
Unos 11.000 alumnos no están acudiendo a las clases por miedo al contagio del Covid-19. La incertidumbre y la falta de seguridad en la entrada y salida de las escuelas han llevado a muchas familias a dejar a sus niños en casa para protegerles del contagio del coronavirus.
Padres que se encuentran en pie de guerra y es que no consiguen comprender cómo a pesar de que la tasa de contagio de la localidad supera los 2.142 casos por cada 100.000 habitantes, duplicando las cifra de Andalucía.
El acusado aprovechaba cuando las pequeñas iban a su casa a comer para realizarles los tocamientos.
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La Audiencia de Lleida acoge esta semana el juicio contra un abuelo al que se le acusa de abusos sexuales continuados a sus dos nietas. La Fiscalía solicita para el acusado una pena de 12 años de prisión por el supuesto abuso sexual de sus dos nietas durante 11 años, tal y como ha informado La Vanguardia.
Los hechos denunciados se remontan al 2006 cuando el hombre de 72 años comenzó a realizar abusos a la pequeña que, en ese momento, tenía 3 años. Posteriormente, y tras el nacimiento de su hermana en el 2008, el escrito denuncia que el abuelo aprovechaba el momento en el que las pequeñas iban a su casa a comer, varios días a la semana, para realizarles tocamientos.
DENUNCIA DE LOS HECHOS
A pesar de que los hechos denunciados se remontan a 2006, lo cierto es que las pequeñas no hablaron de lo que estaba sucediendo hasta enero de 2019 cuando informaron a su padre de los extraños episodios que se daban en la vivienda familiar del abuelo.
La sentencia obliga a la Administración Pública (demandada) a ofrecer a los profesionales sanitarios “los equipos de protección individual adecuados por riesgos de exposición ante el agente biológico virus SARS-CoV-2”.
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La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Social, el 22 de septiembre de 2020, ha declarado que «la aparición de cualquier enfermedad contagiosa epidémica es un acontecimiento previsible y previsto en la normativa y en la Administración Pública española, que en absoluto puede considerarse como caso fortuito ni de fuerza mayor respecto al cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos establecidas».
El incumplimiento de las medidas de prevención de riesgos «no se origina en un acontecimiento externo o ajeno al círculo de la administración sanitaria, absolutamente independiente y extraño a su conocimiento, que sea imprevisible o, siendo previsible, fuese inevitable.".
El acusado de 42 años contactaba con los pequeños a través de Instagram.
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Detenido como presunto autor de un delito de ciberacoso sexual infantil un hombre de 42 años residente en Asturias. La investigación comenzó tras la denuncia presentada por las madres de dos pequeños de 10 años de la provincia de Pontevedra.
MODUS OPERANDI
Durante el transcurso de dicha investigación, se descubrió que el acusado contactaba con los adolescentes a través de Instagram y tras ganarse su confianza les solicitaba imágenes de ellos mismos, la posibilidad de realizar videoconferencias o incluso de conocerse en persona.
Más...
El titular del Juzgado de lo Social número 1 de Melilla establece una analogía entre esta situación y la que se produce por una incapacidad temporal, en cuyo caso, el trabajador “conserva su derecho a disfrutar de sus vacaciones”.
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Si eres de aquellos trabajadores que han visto como sus vacaciones de este año se diluían durante los meses de confinamiento, una sentencia del Juzgado de lo Social de Melilla reconoce ya el derecho de los trabajadores que tuvieran fijadas sus vacaciones, durante el primer Estado de Alarma, a retrasarlas y disfrutarlas más adelante.
En esta sentencia, se reconoce que “si las vacaciones coinciden con un periodo de confinamiento, el trabajador afectado debe conservar su derecho a disfrutar de sus vacaciones posteriormente”.
Las quejas de los ciudadanos se suceden. Los sistemas tecnológicos empleados para la atención ciudadana colapsan a diario tanto en aquellas administraciones que se dedican a la tramitación de ayudas como todas las relacionadas con el sistema sanitario.
Miles de ciudadanos han alzado ya la voz para reclamar soluciones a las problemáticas que están surgiendo con la puesta en marcha del teletrabajo en la Administración Pública.
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Con la actual pandemia del Covid-19, y con el miedo a una expansión mayor del virus, el teletrabajo ha venido para quedarse como una opción a la hora de realizar nuestra jornada laboral.
Para poder hacer efectivo este sistema laboral y tras el acuerdo de las partes, el Gobierno publicó recientemente un Real Decreto Ley en el que se regula el teletrabajo en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015.
En dicho texto, aseguran “la crisis epidemiológica ha mostrado el teletrabajo como el instrumento organizativo más eficaz para mantener la actividad y prestación de servicios públicos, garantizando a la vez la prevención frente al contagio”.
Trabajadores del sector de la cultura como técnicos o toreros podrán beneficiarse de este Real Decreto con el que el Gobierno pretende resolver algunas de las reclamaciones de estos profesionales.
Podrán de manera “extraordinaria” acceder a la prestación contributiva por desempleo sin tener que cubrir el requisito de un mínimo de días cotizados.
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Las consecuencias de la pandemia del Covid-19 se han dejado sentir en todos los sectores profesionales de nuestro país, si bien es cierto que hay algunos que desde el primer momento han visto especialmente restringida su actividad.
Este ha sido el caso de muchos trabajadores del sector de la cultura y de los espectáculos y que tras vivir un parón total se vieron desprotegidos al no poder acogerse a ninguna ayuda debido a la estacionalidad de sus contrataciones.
Unos trabajadores que hace meses reclamaban ayudas y medidas excepcionales y que ven en el Real Decreto a un primer paso para la mejora de su situación.
Tres de los condenados tendrán que cumplir pena de dos años y diez meses de cárcel, por abusos sexuales; mientras que el cuarto de los condenados cumplirá cuatros años y seis meses de prisión, por la difusión de las imágenes.
El juez incrementa la indemnización de 10.000 a 25.000 euros.
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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado la condena a los miembros de la conocida como ‘La Manada’ por el caso de Pozoblanco, por delito de abusos sexuales y contra la intimidad.
Unos hechos que se remontan al mes de mayo de 2016 cuando una joven de la localidad cordobesa de Pozoblanco fue sometida a tocamientos en estado de inconsciencia y grabada.
Abusos que se conocieron meses después y en el transcurso de la investigación sobre la agresión sexual producida en los San Fermines de Pamplona cuando la Policía Foral hallo en los móviles de los acusados videos en los que se descubría estos hechos.